Ley de Inclusión Laboral

Última actualización: 5 de junio, 2023

Descripción

La ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, conocida como Ley de Inclusión Laboral, establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios.

Además, aborda los siguientes temas:

  • Respeto a la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial.
  • Fija en 26 años la edad límite para suscribir el "Contrato de aprendizaje con personas con discapacidad".
  • Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad.
  • Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado.

Entrada en vigencia
Personas beneficiarias
Requisitos
Quiénes deben cumplir la ley
Excepciones
Cumplimiento alternativo
Fiscalización
Más información
La Ley de Inclusión Laboral entró en vigencia el 1 de abril de 2018 para las empresas públicas y privadas, y organismos del Estado con 200 o más trabajadores. 

A partir del 1 de abril de 2019 es vigente para entidades entre 100 y 199 trabajadores.

  • Personas que reciban una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
  • Personas con discapacidad calificada previamente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependiente del Ministerio de Salud, y/o a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese ministerio.

  • Para el caso de las personas beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional no es requisito poseer la credencial de discapacidad, es decir, estar inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, ya que la verificación de ser beneficiario se realizará a través de los registros disponibles en Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
  • Las personas con discapacidad deben presentar la credencial de discapacidad o certificado de discapacidad, ambos emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI). Esta entidad es la que realiza la inscripción de la persona en el Registro Nacional de la Discapacidad.

  • Todas las empresas e instituciones del Estado.
  • Empresas del sector privado con 100 y más trabajadores.

La Ley de Inclusión Laboral establece que empresas e instituciones del sector público o privado pueden no cumplir con la obligación de cuota solo por razones fundadas

En el ámbito público, las razones fundadas son:

  • Aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución.
  • No contar con cupos disponibles en la dotación de personal.
  • La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.

Las razones fundadas en el ámbito privado son:

  • La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa. 
  • La falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

En el caso del ámbito privado, si por razones fundadas no pueden dar cumplimiento a lo ordenado por la ley, existen mecanismos alternativos de cumplimiento los cuales son:

  • Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.
  • Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley Nº 19.885.

  • Sector privado: la Dirección del Trabajo debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las empresas con las personas con discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha información debe ser ingresada en el sitio web de la Dirección del Trabajo por las empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.
  • Sector público: en el caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la dotación del 1%, las entidades, deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), explicando las razones para ello.

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