Inscripción en el registro público de consultores y ejecutores del FOSIS

Personas naturales y jurídicas de derecho privado, habilitadas para prestar servicios de consultor y ejecutor del FOSIS y para la realización de actividades relacionadas con los objetivos que el referido cuerpo legal encomienda a la institución, que cumplan con los siguientes requisitos:

• Consultor: ser o contar con profesionales, técnicos o expertos que demuestren experiencia de a lo menos un año en el caso de los profesionales y técnicos, y dos en el de los expertos, en actividades de consultoría en las materias mencionadas en el artículo 9º de la Ley Nº 18.989.
• Ejecutor: ser o contar con profesionales y técnicos con, a lo menos, un año de experiencia en actividades propias del FOSIS y dos para el caso de los expertos.
• Ejecutor beneficiario: ser persona jurídica vigente o grupo de personas naturales con una organización mínima demostrable documentalmente, con experiencia en programas o actividades de desarrollo social vinculadas al FOSIS.

En cualquiera de los casos, podrá demostrarse la experiencia con el certificado de práctica profesional expedido por la institución que les confirió el título.

Existen otros requisitos dependiendo de la condición o calidad jurídica de la persona interesada. Así, pueden inscribirse personas naturales, corporaciones, sindicatos, organismos de iglesia, juntas de vecinos u organizaciones funcionales, entre otros.

No podrán inscribirse en el registro:

• Las personas que, al momento de solicitar su incorporación, se encuentren procesadas o hayan sido condenadas por delito que merezca pena aflictiva.
• Aquellas personas naturales o jurídicas, exceptuadas aquellas regidas por la Ley Nº 19.418 y sus modificaciones posteriores, que hayan sido declaradas en quiebra o privadas de la administración de sus bienes.
• Las personas naturales o jurídicas que hayan sido eliminadas del registro del FOSIS.
• Las corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, cuya personalidad jurídica no pueda ser acreditada como vigente mediante certificado expedido por el Ministerio de Justicia.