Se sustenta en las cotizaciones obligatorias de los empleadores, dirigidas al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Estas contribuciones son el principal motor financiero del sistema, garantizando su viabilidad a largo plazo.

El FAPP actúa como el administrador central de los recursos del SSP. Su gestión de inversiones eficiente y transparente es clave para maximizar el impacto de las cotizaciones y asegurar el pago de las prestaciones. 

Este sistema de protección contempla los siguientes apoyos:

• Beneficio por Años Cotizados: recompensa la trayectoria laboral con una pensión proporcional a los años cotizados. Este es un beneficio transitorio que, durante los próximos 30 años, mejorará las pensiones de las actuales y futuras personas pensionadas.
• Compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres: equilibra las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, promoviendo la equidad de género.
• Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP): garantiza un rendimiento mínimo para las cotizaciones del empleador destinadas al Beneficio por Años Cotizados, reduciendo los riesgos del mercado financiero.
• Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): brinda cobertura con aportes adicionales a las personas afiliadas no pensionadas que sufran invalidez o a su grupo familiar en caso de fallecimiento. Su incorporación al SSP será regulada por una ley que se presentará al Congreso Nacional este 2025.

El seguro incluye a las y los trabajadores dependientes, con contrato vigente al 1 de agosto de 2025, e independientes, así como a aquellos que se incorporen o reincorporen al mercado laboral a partir de la misma fecha.

Además, se incorporarán en forma automática, las actuales personas pensionadas por vejez o invalidez y personas afiliadas conforme al Decreto N° 3.500, con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

Importante: las personas pensionadas por vejez o invalidez tendrán derecho al Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativas de Vida a partir del 1 de enero de 2026, si a dicha fecha tienen 65 años o más, o cuando cumplan los 65 años si lo hacen después de esa fecha. 

Con la reforma, el empleador deberá aumentar la cotización por cada trabajador en un 7% de manera gradual hasta alcanzar los 9 años. Este aumento, sumado al 1,5% que ya pagan los empleadores por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), significa que los empleadores deberán pagar por sus trabajadores un 8,5%, el que se distribuirá de la siguiente forma:

• 4,5% destinados directamente a la cuenta de la capitalización individual obligatoria del trabajador.
• 1,5% a la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP) para financiar el beneficio transitorio por años cotizados:
  • Por el lado de las y los trabajadores, este porcentaje se registra como un Bono de Seguridad Previsional que genera intereses y se suma a la cuenta individual de capitalización de la persona cuando cumpla la edad legal para pensionarse. El pago se realizará en 240 cuotas.
  • En el caso de las actuales y futuras personas pensionadas, esta cotización permite financiar el Beneficio por Años Cotizados.
• 2,5% al Seguro Social Previsional (SSP):
  • 1,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
  • 1% para la compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres.

Importante: la CRP estará vigente durante los próximos 30 años. Al pasar ese periodo, el 1,5% se sumará directamente a la cuenta de capitalización individual del trabajador.